El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la movilización de hasta 200.000 millones de euros, cerca de un 20% del Producto Interior Bruto (PIB), para hacer frente a la crisis del coronavirus. En concreto, 117.000 millones serán íntegramente públicos y el resto se complementará con la movilización de recursos privados.
Las medidas anunciadas por Sánchez se centran en cuatro áreas prioritarias: las familias más vulnerables, los trabajadores, las empresas y la investigación de una vacuna contra el COVID-19.
Protección del empleo
El conjunto de medidas destinado a reforzar la protección al empleo, según ha expuesto el presidente, contempla que los trabajadores asalariados puedan adaptar o reducir su jornada de trabajo para atender las necesidades de conciliación derivadas de esta crisis. Asimismo, se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad, cuando las circunstancias lo permitan.
Los ajustes temporales de plantilla se gestionarán a través de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE), que beneficiarán a todos los trabajadores. “Los ERTE causados por la crisis del coronavirus serán considerados de fuerza mayor y, adicionalmente, los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido”, ha explicado Sánchez.
Además, se flexibiliza el acceso al cese de actividad para los autónomos, que será compatible con la exoneración de pagos a la Seguridad Social. Este colectivo tendrá facilidades para que pueda cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica.
El jefe del Ejecutivo ha subrayado que estas medidas priorizan la suspensión de los contratos y la reducción de las jornadas como opción frente al despido de los trabajadores y ha instado a los empresarios a que no despidan a sus empleados: “queremos que se mantenga el empleo, que las empresas sepan que el Gobierno les ayudará a superar esta crisis temporal”.
Liquidez a las empresas
En cuanto a las empresas, el presidente ha asegurado que “el Estado va a proporcionar al tejido empresarial toda la liquidez que necesita para mantenerse operativo” y no permitirá que “los problemas temporales de liquidez puedan convertirse en problemas de solvencia”.
Con este fin, el Gobierno ha aprobado la creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros, lo que permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones en el sistema económico si también se incorpora el sector privado.
Asimismo, se han acordado avales adicionales de 2.000 millones de euros para empresas exportadoras, se facilitará la restructuración de créditos a explotaciones agrarias afectadas por la sequía y se acelerará la implantación de programas de apoyo a la digitalización. Las Administraciones Públicas ayudarán a sus empresas contratistas para mitigar las consecuencias del COVID-19 en los contratos del sector público.
El Ejecutivo también ha reformado la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando la caída coyuntural del valor de sus acciones.
Recursos para desarrollar una vacuna
Por otro lado, Sánchez ha subrayado el compromiso del Gobierno con el refuerzo de la investigación científica para desarrollar una vacuna para el COVID-19. Así, el Gobierno dotará con 30 millones de euros al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y al Instituto de Salud Carlos III.
El presidente ha resaltado que el conjunto de iniciativas necesitan el apoyo suplementario de la sociedad civil. Para preservar nuestro tejido empresarial y nuestro empleo es indispensable que empresas grandes o pequeñas, autónomos o empleados asuman una idea: “esta crisis es temporal y debe tratarse como temporal”.
Ayudas a las familias más vulnerables
Finalmente, el presidente ha avanzado que el Gobierno destinará 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales de las comunidades autónomas y de los entes locales, con especial atención a la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes. Además, se ampliará la protección a los suministros de energía y de agua, y se garantizarán los servicios de telecomunicaciones.
Con el fin de garantizar el derecho a la vivienda, se establece una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores en situación de especial vulnerabilidad: “ninguna persona en una situación económica difícil perderá su vivienda. En esta crisis, nadie será desahuciado de su casa”.
