El Consejo General de Dentistas de España emprenderá acciones legales contra el protésico José Manuel Urbano, miembro de la Comisión de Defensa Profesional de este colectivo, por las declaraciones que ha efectuado en un medio de comunicación del sector sanitario.
En ellas, asegura, entre otras cuestiones injuriosas y calumniosas, que los dentistas “provocan la situación” que deriva en los casos de intrusismo “porque hay consignas del Consejo General de Dentistas que preside Óscar Castro para no dar las prescripciones a pacientes”, algo que es rotundamente falso y de lo que tendrá que dar cuentas ante un tribunal.
Además, asevera que cuando un protésico coloca la prótesis dental en la boca de un paciente “no se manipula la boca, lo único que se manipula es la prótesis”, cuando es de sobra conocido que la adaptación de la prótesis dental en la boca del paciente es competencia exclusiva del dentista -ya que los protésicos son fabricantes sin competencias asistenciales- y lo contrario supone la comisión de un delito de intrusismo profesional, tal y como recogen numerosas sentencias al respecto.
De igual manera que un fabricante de prótesis de cadera no adapta la misma al paciente, sino que es competencia exclusiva del traumatólogo, un protésico no puede llevar a efecto esta función en la boca del paciente porque legalmente no está capacitado para ello.
Por otra parte, José Manuel Urbano afirma que “los dentistas revenden la prótesis al paciente a cuatro o cinco veces su precio real”, algo que es también una falsedad manifiesta porque los dentistas nunca comercializan o venden las prótesis, sino que toman las medidas en la boca del paciente para encargarlas al protésico y luego las adaptan y colocan también en la boca del propio paciente.
Según dicta la disposición adicional duodécima del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, “la colocación o entrega de productos sanitarios a medida por un facultativo, en el ejercicio de sus atribuciones profesionales, no tendrá la consideración de dispensación, comercialización, venta, distribución, suministro o puesta en el mercado de los mismos. En todo caso, el facultativo deberá separar sus honorarios de los costes de fabricación”, con lo quedan totalmente descalificadas las declaraciones de José Manuel Urbano, que son manifiestamente contrarias al Ordenamiento Jurídico.
Por último, el Consejo General de Dentistas lamenta que el medio de comunicación que ha recogido estas declaraciones, que contienen acusaciones gravísimas, no se haya puesto en contacto con esta organización para recabar nuestra versión. En cualquier caso, este Consejo General anuncia que va a emprender las acciones legales oportunas para defender los intereses de esta corporación y de los profesionales a los que representa.
