La Policía Nacional ha lanzado hoy, martes, una operación contra la firma de clínicas Vitaldent que aún continua abierta. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han realizado varios registros, entre ellos a la sede central de la firma en Las Rozas (Madrid) y han practicado diez detenciones. Entre los arrestados figura el de Ernesto Colman, propietario de la cadena de clínicas dentales, el vicepresidente Bartolo Conte y varios de sus colaboradores. La operación está coordinada por la Fiscalía contra la Corrupción y un juzgado de Majadahonda por sospechas de que Colam obligaba a los franquiciados a pagar parte del dinero en negro o en B. Precisamente, según ha podido saber El Dentista Moderno, han sido varios de los franquiciados los que han denunciado las prácticas ante la Justicia. El Ministerio Público ha emitido un comunicado en el que señala la comisión de "varios delitos" en detrimento de "la Hacienda Pública y los franquiciados".
Fuentes de la investigación han revelado Efe que Ernesto Colman blanqueaba el dinero negro en Suiza y Luxemburgo; capital que luego retornaba a España para ser invertido en inmuebles, fincas, vehículos de lujo e incluso un avión.
La Fiscalía descarta de momento el cierre de las franquicias
Pese a la operación policial contra la red de clínicas dentales, la Fiscalía ha garantizado la continuidad de las clínicas y de momento ha descartado el cierre de los centros.
La cadena Vitaldent se compone de en Europa de más de 400 establecimientos abiertos al público. En España, cuenta con más de 350 clínicas y unas ventas de 91 millones de euros, según las cuentas presentadas por la compañía en 2014. Desde que abriera su primera clínica en Madrid hace 25 años, Vitaldent acumula más de 7 millones de pacientes y una plantilla de 2.500 personas. Su dueño ha aparecido varias veces en las listas de personas más ricas del país.
El Consejo de Dentistas pide a la Administración que actúe
El Consejo General de Dentistas de España ante los recientes sucesos ha emitido un comunicado en el que quiere dejar claro que "es absolutamente necesaria la implicación del Gobierno de España en el sector de la Odontología, para lograr un cambio normativo que haga posible que la mayoría del patrimonio social y del número de socios de este tipo de sociedades correspondan a socios profesionales, y así vincular la prestación del servicio al conocimiento y a la buena ética y praxis profesional. De esta forma se evitaría que el control de las clínicas dentales estuviera en manos de empresarios ajenos al sector que lo que persiguen en la mayoría de las ocasiones es
obtener el mayor beneficio en el menor tiempo posible".
En relación a la financiación de los tratamientos, el Consejo General insiste en reclamar que se articulen las acciones necesarias para que, si cesa la prestación del servicio, pueda interrumpirse el pago de las cuotas de manera inmediata y se lleve a cabo la condonación del crédito suscrito. Además, el paciente debería disponer en todo momento de toda la información necesaria para poder proceder a tal efecto.
Asimismo, la Organización Colegial insta a la Administración a que regule la publicidad sanitaria en todo el territorio nacional para erradicar los casos de publicidad engañosa y acotar las ofertas en el campo de la salud, porque la salud de las personas nunca está de oferta.
Por último, el Consejo General de Dentistas recuerda que siempre defenderá los derechos de los pacientes y también de los profesionales, puesto que también son víctimas de este modelo de negocio que se lleva permitiendo desde hace décadas en nuestro país.
