El Consejo General de Dentistas celebró ayer la X Jornada de Información Odontológica bajo el título El Intrusismo Profesional, Consecuencias en la Odontología y en la que participaron D. Ricardo de Lorenzo y Montero, Presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario; D. Enrique Peñaranda Ramos, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid; D. Ángel Rodríguez Brioso, Presidente de la Comisión de Intrusismo Profesional del Consejo General de Dentistas y D. José Antonio Zafra Anta, Vicepresidente del Consejo General de Dentistas.
Durante la Jornada -moderada por D. Honorio Bando Casado, profesor honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid- se puso de manifiesto las graves consecuencias que tiene el intrusismo profesional en el ejercicio de la Odontología ya que lo que se está poniendo en riesgo es la salud tanto oral como general de la población.
Todos los ponentes coincidieron en que la última reforma del Código Penal, que entrará en vigor el próximo uno de julio, introduce tan solo ligeras modificaciones en el ámbito sanitario y que éstas siguen sin ser suficientes para reducir el elevado número de infracciones que se producen en el ámbito de la Odontología española. A pesar de los cambios introducidos, las penas siguen siendo muy leves e incluso “ridículas” por lo que continúan sin conseguir el fin disuasorio que deberían tener.
Asimismo, se señaló que tanto los pacientes como los propios profesionales no suelen denunciar este tipo de delitos y que es la Organización Colegial de Dentistas la que normalmente realiza las denuncias. En este sentido se recordó que, al ser perseguible de oficio, las autoridades competentes deberían ser más eficientes a la hora de intervenir. Del mismo modo, una mayor cooperación por parte de los pacientes a la hora de denunciar estos casos, contribuiría a detectar más delitos y perseguirlos.
Otro de los aspectos apuntados fue el notable desconocimiento sobre la trascendencia que tiene el intrusismo en la Odontología debido a sus riesgos y consecuencias sanitarias. “Este desconocimiento se produce en la población general, pero también en los legisladores, jueces e incluso en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, apuntó el Sr. Rodríguez Brioso. Otra de las preocupaciones señaladas fue la disparidad de criterios en la toma de decisiones administrativas en las diferentes Comunidades Autónomas, así como la lentitud en el sistema de justicia ya que desde que se denuncia el hecho hasta que se dicta sentencia pueden pasar hasta 22 años.
En cuanto a los profesionales que más incurren en intrusismo profesional en el ámbito de la Odontología, se advirtió que los protésicos dentales están detrás del 90% de los casos, a pesar de que ambas profesiones están claramente reguladas y la legislación permite distinguir con nitidez los requisitos de titulación y las competencias profesionales tanto del dentista y como del protésico.
