Los dentistas están abocados a la quiebra si el Gobierno no decreta el cierre de las clínicas dentales

El Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, no se aplicará a los centros, servicios y establecimientos sanitarios -categoría en la que se incluyen las clínicas dentales- puesto que son considerados como servicios esenciales.

El Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, declara que esta decisión del Gobierno “perjudica seriamente a los dentistas”, un colectivo de, aproximadamente 40.000 profesionales “que están siendo abocados a la quiebra”.

“La situación actual de los dentistas es muy crítica.
Desde antes de que se decretara el estado de alarma, las clínicas dentales
estamos sufriendo el desabastecimiento de equipos de protección individual
necesarios (EPI) para atender a los pacientes. De hecho, el Ministerio de
Sanidad nos ha pedido que donásemos nuestro material de protección a los
hospitales y centros de Salud de nuestras respectivas comunidades autónomas,
algo que hemos hecho obedeciendo a nuestro compromiso ético y para apoyar a los
profesionales sanitarios que se encuentran en primera línea. Pero el Gobierno
debe ser consciente de que los dentistas no podemos seguir desarrollando
nuestra profesión en estas condiciones, pues al trabajar en contacto con la
saliva y a una distancia menor de un metro a la boca del paciente, el riesgo de
contagio de COVID-19 es muy elevado. Sin EPI es imposible llevar a cabo los
tratamientos odontológicos con la seguridad necesaria para nosotros, para los
auxiliares y para los pacientes, por lo que muchos se han visto obligados a
cerrar sus clínicas”, explica el Dr. Castro.

Por este motivo, el Consejo General de Dentistas insiste
una vez más al Gobierno en que decrete el cierre temporal de las clínicas
dentales, así como la habilitación de algunas de ellas para que atiendan las
urgencias odontológicas, siempre y cuando dispongan del material protector
adecuado.

“Si el Gobierno no ordena el cierre de las clínicas
dentales, los dentistas quedaremos totalmente desprotegidos, puesto que no podemos
acogernos a ninguna de las medidas económicas que se están adoptando. No
podemos trabajar porque no tenemos ni material, ni pacientes, pero estamos
obligados a seguir pagando los seguros sociales y las nóminas de nuestros
trabajadores asalariados sin tener ningún ingreso. Es insostenible”, apunta el
Dr. Castro.

Por último, el presidente del Consejo General de
Dentistas señala que “entendemos que no es momento de evaluaciones ni de
reproches, pero sí de exigencias de acciones efectivas y urgentes, por ello
solicitamos que se tomen las medidas económicas oportunas que faciliten los
ERTE y las exenciones fiscales, permitiendo paliar el descalabro económico de
los dentistas”.