El presidente del Consejo General de Dentistas de España, Óscar Castro, advierte que casos como el de Funnydent “ya han sucedido en el pasado, están sucediendo y volverán a suceder si no se modifican las Leyes para proteger los derechos de los pacientes, como se realiza en otros países de nuestro entorno europeo”.
El responsable del órgano ejecutivo de la Organización Colegial de Dentistas, que agrupa a más de 33.000 profesionales, reclama una mayor regulación para las cadenas marquistas dentales, y defiende el cumplimiento del artículo 4.2 de la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, según el cual, como mínimo, “la mayoría del capital y de los derechos de voto, o la mayoría del patrimonio social y del número de socios en las sociedades no capitalistas, habrán de pertenecer a socios profesionales”.
De esta forma, se impediría que empresarios no profesionales del sector dental pudieran tener el control absoluto sobre una clínica o cadena marquista.
“Cuando un empresario sin vinculación con el sector invierte en él, lo que está buscando es lograr la mayor rentabilidad económica posible en el menor plazo de tiempo, y desde esa perspectiva, los pacientes pasan a ser clientes”, asegura Óscar Castro, presidente del Consejo General.
Por este motivo, el máximo responsable de la Organización Colegial defiende un modelo donde la mayoría del patrimonio social y el número de socios sean profesionales sanitarios para vincular la prestación del servicio al conocimiento profesional, y demanda una mayor regulación de la publicidad sanitaria “que en determinadas ocasiones puede ser engañosa y causar un importante perjuicio a los pacientes”, ha indicado.
Óscar Castro ha recordado que modelos de negocio como el de Funnydent, que han perjudicado a miles de personas, ya han quebrado en el pasado, “y no me cabe ninguna duda de que si no se actúa, volveremos a encontrarnos con casos similares en el futuro”.
Además, Castro ha resaltado las presuntas vulneraciones a las leyes que se han podido cometer en el caso Funnydent, afectando a diversas administraciones: Consejería de Salud, Inspección de Trabajo, Agencia Tributaria y Agencia de Protección de datos.
Se trata de presuntos delitos contra la Salud Pública; delitos de apropiación indebida, al cobrar los tratamientos por adelantado; fraude fiscal y delitos contra los derechos de los trabajadores, que dejaron de cobrar sus salarios y algunos dentistas que presuntamente estaban trabajando como falsos Autónomos.
Además, ha podido existir una vulneración de la Ley de Protección de Datos, al llevarse supuestamente el empresario los ordenadores donde estaban custodiadas las historias clínicas de los pacientes y sus datos personales.
