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El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID, por el que se establece el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores, con independencia de la distancia de seguridad.
Tras el Consejo de Ministros del pasado 23 de diciembre, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, compareció en rueda de prensa para informar del acuerdo, adoptado en la Conferencia de Presidentes celebrada el día 22, y detallar los compromisos.
Darias explicó que estamos asistiendo a un incremento importante de los contagios y de la incidencia acumulada en España, al igual que en el resto del mundo, y que la variante Ómicron se está imponiendo. Ante esta situación, el presidente del Gobierno y los autonómicos acordaron retomar el uso de las mascarillas en el exterior.
La nueva norma realiza una modificación puntual del artículo 6 de la denominada Ley de Nueva Normalidad, mediante la cual se recupera la obligatoriedad de que las personas mayores de 6 años usen mascarillas en todos los espacios en el exterior para reducir la transmisión comunitaria del virus.
Se exceptúa de la norma la práctica de deporte individual y pasear por espacios naturales, como el campo o la playa, siempre y cuando se mantenga una distancia de 1,5 metros con otras personas que no sean convivientes.
La ministra subrayó que se trata de una medida de carácter temporal que estará en vigor "durante el tiempo imprescindible hasta que mejore la situación epidemiológica". De hecho, el Real Decreto-ley habilita al Consejo de Ministros para que pueda, posteriormente, "intensificar o relajar del uso de la mascarilla".
Carolina Darias añadió que el Real Decreto-ley aprobado recoge dos medidas extraordinarias, que estarán en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022, y contribuirán a apoyar a las comunidades autónomas.
Por una parte, se habilita a los centros sanitarios públicos y privados para que puedan contratar a profesionales de la medicina y de la enfermería para la realización de actividades asistenciales relacionadas con la COVID, manteniendo las prestaciones de jubilación, a la vez que se garantizan los derechos de las personas jubiladas.
Por otro lado, se permite que las comunidades autónomas, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y el Ministerio de Defensa puedan contratar profesionales sanitarios con título de especialista obtenido en los Estados no miembros de la Unión Europea que cuenten con un informe del Comité de Evaluación conforme a la normativa aplicable.
La titular de Sanidad señaló que la aparición de la variante Ómicron ha provocado que la carga asistencial se esté produciendo, en especial, en la atención primaria y, por tanto, los esfuerzos del Gobierno se están centrando en ampliar y reforzar ese eje vertebrador del Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, Carolina Darias informó de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto a disposición de los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas los hospitales de la red sanitaria militar, entre ellos el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, y el Hospital General de la Defensa, en Zaragoza, como centros adicionales de vacunación. Además, las comunidades dispondrán de 150 equipos de unidades móviles de vacunación con el personal necesario para grabar las vacunas que se van inoculando.
Nuestra herramienta fundamental es la vacunación, apuntó Darias, explicando que "una de las mayores certezas que tenemos es que las vacunas funcionan y que contra esta nueva variante Ómicron, la tercera dosis está siendo un muro importante, especialmente frente a enfermedad grave, hospitalización y fallecimiento".
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