La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra el Consejo General de Dentistas y el Colegio de Dentistas de Madrid (COEM), por observarse indicios de “posibles prácticas anticompetitivas, consistentes en una actuación coordinada a través de acuerdos colegiales, campañas publicitarias y otras actuaciones, constitutiva de una recomendación colectiva. El objetivo de la recomendación, desarrollada, al menos, desde 2013 hasta 2017, habría sido dificultar la prestación de servicios a las clínicas de odontología de marca comercial y excluirlas del mercado”. El origen de las actuaciones de la CNMC son las denuncias presentadas por Dentix e iDental en 2015 y 2017.
Ante esta decisión de la CNMC, el Consejo General de Dentistas ha declarado en un comunicado que “en nuestra querella a iDental denunciamos que dicha compañía había incurrido presuntamente en un delito del artículo 282 del Código Penal respecto a la publicidad falsa de servicios o productos, por realizar alegaciones falsas o manifestar características inciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, de lo que sería responsable la mercantil querellada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 bis del mismo texto”.
“La Organización Colegial, como corporación de derecho público, tiene asignadas unas funciones con las que tiene que cumplir: la protección de los intereses de los Consumidores y Usuarios (art.7.g Estatutos Generales) y perseguir y denunciar el intrusismo y la ilegalidad dentro de la profesión, así como informar públicamente de las actuaciones que puedan ser engañosas para la población o se aprovechen de la buena fe de los usuarios (art.8.f Estatutos del Consejo General)”, añaden desde el Consejo General de Dentistas.
Asmismo, desde el Consejo señalan que “es realmente sorprendente que la CNMC tenga en consideración una denuncia presentada por iDental, cuando la Audiencia Nacional ha asumido la investigación del caso y a sus fundadores se les imputan delitos de administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, publicidad engañosa, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales. Además, miles de personas en toda España han resultado gravemente afectadas por las actuaciones que se llevaban a cabo en estos centros, tanto en su salud bucodental como en su economía”.
“El Consejo General de Dentistas siempre ha afirmado que no está en contra de ningún modelo de negocio, simplemente vela por una odontología ética y de calidad y donde el principal objetivo sea la salud de los pacientes, tal y como tenemos encomendado por el Ordenamiento Jurídico”, concluye en su comunicado el Consejo General de Dentistas.
