El Consejo General de Dentistas avanza en la regulación de la publicidad sanitaria

El presidente del Consejo General de Dentistas de España, Óscar Castro Reino, continúa avanzado en sus gestiones con responsables públicos para lograr el establecimiento de una ley marco nacional que regule la publicidad sanitaria en todo el país.

De izquierda a derecha: Carlos Rojas, Óscar Castro, María Jesús Moro y Avelino de Barrionuevo.

En esta ocasión, el máximo responsable de la Organización Colegial de Dentistas se ha reunido con los diputados Carlos Rojas, portavoz adjunto del Grupo Popular; María Jesús Moro, portavoz de la Comisión de Justicia; y Avelino de Barrionuevo, portavoz adjunto de la citada Comisión.

A todos ellos les ha presentado un completo dossier informativo en el que se recogen decenas de anuncios engañosos relativos a publicidad sanitaria, en los que se trata de confundir a los ciudadanos mediante el uso de falsedades, precios-gancho o, incluso, utilizando de manera fraudulenta la imagen de determinados personajes públicos.

“Este tipo de anuncios están desgraciadamente alcanzando a la población precisamente porque no existe una ley que sea taxativa con algo tan importante como la publicidad sanitaria”, ha explicado Castro Reino.

En este sentido, ha precisado que las quejas y reclamaciones de pacientes “ha aumentado significativamente en los últimos años”, en parte debido a que “muchos de ellos se sienten engañados puesto que acuden a determinadas clínicas en base a ciertos anuncios que son manifiestamente inveraces”, y por ello, ha insistido ante los diputados en la necesidad de “impulsar una legislación que proteja a las personas de este tipo de campañas y anuncios que sólo buscan confundir y captar al mayor número de clientes posible”.

Por otra parte, el presidente del Consejo General de Dentistas también ha pedido a los diputados del Grupo Popular un endurecimiento de las penas por delitos de intrusismo profesional, cuyos casos y sentencias siguen produciéndose en toda la geografía española.

“No es lógico que un delito tan grave, como es el hecho de atender a un paciente sin tener la titulación necesaria para ello, se zanje con condenas que son, en casi todos los casos, absolutamente irrisorias”, ha manifestado Castro, quien ha recordado que “los condenados por intrusismo han puesto en serio peligro la salud de las personas que han atendido, algo que se reduciría drásticamente si realmente hubiera penas disuasorias", ha concluido.