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Publicidad engañosa, comerciales que tratan a los pacientes como clientes y empresarios especuladores, se han convertido en un auténtico problema para el sector de la odontología en España, según se ha puesto de manifiesto en el foro de debate, organizado por el Colegio de Odontólogos de Madrid (COEM) esta semana con el título “La mercantilización de la Odontología: un problema de salud pública”.
De izq. a dcha.: Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas; Carlos Moreno Sánchez, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Antonio Montero Martínez, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región (COEM); Adolfo Ezquerra Canalejo, director general de Inspección y Ordenación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y Vicente Jiménez López, presidente de los Foros del COEM.
El encuentro que ha contado con representantes de la Administración, del Consejo General de Dentistas y también con representantes de grupos políticos, profesionales y pacientes, estuvo moderado por el Dr. Vicente Jiménez López, presidente de los Foros de Actualidad del COEM y el Dr. Ramón Soto-Yarritu, expresidente del COEM. Ambos invitaron a los ponentes a debatir los cuatro temas que marcan la situación de la Odontología en nuestro país: exceso de dentistas, la publicidad engañosa, la figura del gestor comercial en determinadas clínicas y la legislación española sobre la propiedad de una clínica dental. El objetivo era plantear la situación y conseguir la implicación y compromiso de todas las partes para aportar soluciones viables y reales.
El primero en intervenir fue el Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España, quién planteó la plétora profesional como el origen de los principales problemas que afectan a la profesión. Para él “España se ha convertido en la fábrica de dentistas de Europa, cada año hay 1.850 nuevos dentistas que salen de las facultades, mucho más que en países como Alemania o Italia. Contamos con un dentista por cada 1.200 habitantes, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de uno por cada 3.500 habitantes. Esto ha dado lugar a que haya habido determinados empresarios que hayan encontrado mano de obra muy barata y se hayan convertido en especuladores. Hoy en día existen hasta comparadores de precios de clínicas sin tener en cuenta la calidad asistencial”.
Por su parte, el Dr. Antonio Montero, presidente del COEM, centró su intervención en el problema de la publicidad engañosa e instó a las autoridades a “igualar la situación entre comunidades autónomas –ya que en algunas de ellas son los colegios profesionales los que visan la publicidad el sector-, y también a tomar como referencia los principales países europeos. Además, la cuantía de las sanciones por publicidad engañosa en España es pequeña, con lo cual, a las grandes cadenas no les afecta y cuentan con ellas al establecer su estrategia comercial y publicitaria”, explicó.
Un paciente no es un cliente
Además, el Dr. Montero planteó el problema de “tratar a un paciente como a un cliente, que sea un gestor comercial –que trabaja a comisión-, el que les recibe y con técnicas comerciales agresivas intenta “venderle” los tratamientos más caros, e incluso presiona a los profesionales para que cumplan objetivos de venta. Y ahora vivimos una situación aún peor y que va un paso más allá, con clínicas que se publicitan como “solidarias”, que engañan a los pacientes inflando los precios de los tratamientos y haciéndoles creer que el descuento que les hacen es una subvención”, añadió.
En este punto, coincidió Carlos Moreno Sánchez, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, quien destacó que “en todo lo que tiene que ver con la salud tiene que primar el aspecto asistencial. Por eso, que un gestor comercial sea quien elija el tratamiento para un paciente debe ser rechazable y sancionable”.
“Debemos intentar que cambie la legislación en cuanto a la propiedad de las clínicas para evitar que prime el rendimiento económico por encima de la salud del paciente. Nosotros pedimos que el propietario de la clínica sea un dentista o al menos una sociedad profesional –en la que al menos el 51% de la sociedad tiene que ser de un dentista”, añadió el Dr. Montero.
Adolfo Ezquerra Canalejo, director general de Inspección y Ordenación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid expuso la situación de la normativa actual, y señaló que “actualmente las dos normas con las que contamos están en proceso de modificación. Tenemos intención de tener en cuenta las observaciones de los colectivos profesionales y también la de simplificar la normativa. En este punto es necesario contar con la colaboración de los profesionales para conformar una norma aplicable y que se ajuste a la realidad”.
Por último, tanto los colegiados como pacientes afectados por casos como el de Funnydent que asistieron al acto hicieron sus peticiones a la mesa y a los representantes de grupos políticos invitados al encuentro, y completaron el debate planteando la situación real que viven profesionales y pacientes debido a la situación que vive la odontología en nuestro país.
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