El pasado 14 de junio se cumplió un año del cierre de iDental, un escándalo sanitario sin precedentes en España. Semanas antes, sus clínicas fueron cerrando progresivamente sin dar ninguna explicación a miles de pacientes, que vieron cómo a pesar de haber pagado sus tratamientos, estos no habían finalizado. El Consejo General de Dentistas, presidido por el Dr. Óscar Castro Reino, había alertado durante meses a la Administración de las numerosas quejas y reclamaciones que los pacientes de iDental enviaban a los Colegios de Dentistas y que hacía presagiar una gran estafa, tal y como sucedió.
“El objetivo de este tipo de clínicas es captar el máximo número de clientes para, así, aumentar la facturación. No importa ni la ética ni la calidad de los tratamientos, solo los beneficios económicos”, explica el Dr. Castro. En el caso de iDental, se valían de la publicidad para llegar a los sectores más desfavorecidos de la población, usando mensajes engañosos como “Dentistas con corazón”, “Dentocracia” e incluso “Un millón de euros en subvenciones privadas”. Desde el Consejo General de Dentistas señalan que “esas subvenciones no existían, lo que hacían era inflar los precios de los tratamientos para luego aplicar los grandes descuentos”. El Dr. Castro apunta que “por eso insistimos en la necesidad de regular la publicidad sanitaria a nivel nacional, para que ésta sea veraz, comprensible, esté basada en la evidencia científica y no engañe a los ciudadanos”.
La investigación
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, acordó asumir la investigación del escándalo de iDental por el volumen extraordinario de la causa, la existencia de decenas de miles de afectados por toda España y la compleja estructura societaria y de financiación de la compañía. Además, De la Mata admitió la solicitud del Consejo General de Dentistas para personarse como acusación popular, por lo que tiene acceso a toda la documentación obrante en el procedimiento de manera confidencial.
En octubre de 2018, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo a Luis Sans -uno de los cerebros del caso iDental- y a otras nueve personas más relacionadas con esta trama. Los detenidos estaban planeando un entramado parecido al de iDental a través de una red de clínicas dentales denominada Institutos Odontológicos, que cuenta con 27 centros repartidos por toda España y que fue adquirida por el fondo de inversión Weston Hill en 2017 por 25 millones de euros.
En enero de 2019, se detuvieron otras 14 personas presuntamente relacionadas con un fraude de 60 millones de euros, entre los que se encontraban dos fundadores de iDental: Antonio Javier García Pellicer -que estaba en Reino Unido- y Vicente Castañer Blasco. A los detenidos se les imputa delitos de administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Asimismo, en una pieza separada de la macrocausa, el juez atribuye a 7 de los responsables de la trama un fraude de 23 millones de euros a la Seguridad Social, por lo que irán a juicio.
Los afectados
El magistrado de la Audiencia Nacional suspendió de forma cautelar las reclamaciones de los créditos vinculados a los tratamientos odontológicos firmados con iDental. Estas entidades, además, deben eliminar de sus registros de morosos a los damnificados que hayan dejado de pagar sus créditos.
Un año después, miles de afectados siguen arrastrando graves secuelas bucodentales por los tratamientos que les aplicaron o que se quedaron a medias. Piden a la Administración soluciones y que se declare esta situación como “emergencia sanitaria”. Por este motivo, este sábado se han organizado varias concentraciones en diferentes ciudades de España.
El Dr. Óscar Castro Reino insiste en la necesidad de que la Administración tome medidas para amparar a todos los damnificados y evitar que situaciones tan dramáticas como esta se vuelvan a repetir: “Además de regular la publicidad sanitaria, muchos problemas se evitarían si se aplicase la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, la cual prevé, entre otras cosas, que las Organizaciones Colegiales puedan sancionar deontológicamente a aquellas empresas que realicen actividades para cuyo desempeño se requiere colegiación obligatoria, además de asegurar que su control efectivo queda en manos de profesionales colegiados”.
Igualmente, pide a todos los afectados que tengan especial precaución a la hora de elegir las clínicas en las que terminar sus tratamientos, recordando la importancia y prevalencia de un buen diagnóstico y un tratamiento idóneo para cada caso por encima del precio ofertado.
Por último, el Dr. Castro muestra el apoyo del Consejo General de Dentistas y de los Colegios Oficiales a todas las personas damnificadas y se pone a disposición de la Justicia y de la Administración para solventar lo antes posible la precaria situación en la que se encuentran miles de personas.
