El cierre de las clínicas iDental ha dejado cientos de miles de personas afectadas en toda España. Pacientes que han visto cómo, tras haber pagado sus tratamientos, estos no han sido finalizados.
Debido a la magnitud de la causa, la Audiencia Nacional ha decidido asumir la investigación para determinar si se han cometido delitos de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública. Además, el Consejo General de Dentistas se ha personado como acusación popular al objeto de ejercitar las acciones penales y civiles que procedan contra los denunciados.
A pesar de esta grave situación, y de que no es la primera vez que una red de clínicas dentales cierra sus puertas sin dar una solución a sus pacientes, muchas clínicas dentales corporativas con la misma estructura que iDental se siguen expandiendo y publicitando en nuestro país. Se trata de centros que están en manos de empresarios ajenos a la Odontología y que anteponen su interés económico sobre la salud de las personas. El Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, explica que “estas clínicas corporativas son sociedades mercantilistas a las que, a su vez, se asocian otras microempresas. Al no estar dirigidas por dentistas, escapan al control de los colegios oficiales de odontólogos y estomatólogos”. De hecho, algunas de estas compañías llegan a destacar en su página web que no es necesario ser dentista para estar al frente de sus clínicas.
Los ciudadanos deben saber que, en estos centros, la toma de decisiones no está en manos de los dentistas, sino de empresarios/especuladores y que los tratamientos que precisa el paciente, en algunos casos, los decide un comercial en vez de un odontólogo o estomatólogo. Esto, además de suponer un acto de intrusismo profesional, puede perjudicar seriamente la salud bucodental de las personas.
“Esta situación se evitaría si la Administración aplicase la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, la cual prevé, entre otras cosas, que las Organizaciones Colegiales puedan sancionar deontológicamente a aquellas empresas que realicen actividades para cuyo desempeño se requiere colegiación obligatoria, además de asegurar que su control efectivo queda en manos de profesionales colegiados”, asegura el Dr. Castro Reino.
Asimismo, insiste en que una de las causas de este problema se debe a la falta de la regulación de la publicidad sanitaria: “Urge instaurar una normativa clara y específica que regule este tipo de publicidad para que la información que se difunda sea rigurosa, veraz, comprensible, basada en la ética y el conocimiento científico y que no confunda a los ciudadanos con mensajes engañosos y utilizando la imagen de personas famosas”.
En este sentido, el máximo responsable de la Organización Colegial de Dentistas continúa manteniendo reuniones con las autoridades españolas, a quienes avisa de que casos como el de iDental puede repetirse en el futuro, por lo que es necesario tomar medidas que impidan escándalos sanitarios de esta índole.
