Más de 400 facultativos del Servicio Madrileño de Salud impugnan las plazas convocadas motivados por la inseguridad jurídica

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Un total de 423 facultativos especialistas del Servicio Madrileño de Salud, en su gran mayoría médicos (90%) y mujeres (75% del total), han impugnado a través de ASAES (Agrupación Sanitaria Española) las plazas convocadas el pasado mes de diciembre por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid motivados por la inseguridad jurídica producida por dicha convocatoria.

Dicha inseguridad jurídica provocada por la convocatoria de las plazas afecta a todos los facultativos especialistas sin plaza fija (médicos especialistas, farmacéuticos hospitalarios o psicólogos clínicos) y se produce (entre otros motivos) por el avanzado estado de tramitacion de la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que desarrolla el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio (Ley Iceta), que establece unas condiciones mucho más ventajosas para la obtención de una plaza fija que las propuestas por las convocatorias publicadas los pasados días 14,15,16 y 17 de diciembre en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

"Si a lo anterior añadimos la absoluta ausencia de identificación de las plazas convocadas sin que en ningún caso se haya especificado ni las características, ni la ubicación , así como ningún tipo de información acerca de las citadas plazas ofertadas, necesario a su vez para comprobar si la Administración cumple lo dispuesto en el precitado Real Decreto-Ley, podemos entender el malestar generalizado de todos aquellos facultativos afectados por las presentes OPEs", explican desde ASAES. 

Entre los facultativos especialistas perjudicados por la OPE convocada por la Consejería de Sanidad del Servicio Madrileño de Salud se encuentran: 

1. El personal interino que lleve más de tres años en una misma plaza sin que la vacante haya sido cubierta. 

2. El personal que ocupe una plaza que haya sido reconocida como fija o indefinida no fija por Sentencia Judicial firme. 

3. Aquellos que actualmente se encuentren reclamando la fijeza en los Juzgados y Tribunales. 

4. El personal que haya sido contratado o nombrado de forma temporal (tanto interino o eventual), mediante concurso de méritos (de lo contrario se les obligaría a superar un segundo proceso selectivo para una plaza para la que ya concursaron previamente y consiguieron ocupar).

5. Todos aquellos que ocupen una plaza cuyo contrato o nombramiento se efectuara en fraude de ley.

El hecho de no suspender las presentes OPEs puede provocar situaciones tan perjudiciales como la de que cualquier facultativo especialista se prepare el exámen para acceder a una plaza y que esa misma plaza se saque de la convocatoria por haber sido declarada la fijeza de la misma por sentencia firme en un procedimiento judicial o por no ser necesario un examen oposición para su adjudicación según la Ley de reducción de la temporalidad. 

Incertidumbre entre los facultativos que sufren temporalidad en sus contratos 

Otra consecuencia de la no suspensión de las OPEs es que todos aquellos facultativos especialistas de la Sanidad Madrileña que actualmente sufren temporalidad en sus contratos (concatenación de contratos temporales desde hace muchos años en su gran mayoría) se vean sometidos a la incertidumbre de desconocer qué pasará con las plazas que ocupan actualmente, es decir, con sus puestos de trabajo. 

Desde ASAES entienden que se debe producir la exclusión de todas las plazas que puedan acogerse a la Ley para la reducción de la temporalidad (Ley Iceta), que se encuentra publicada en el BOE desde el pasado 28 de diciembre de 2021, y que adicionalmente, deben excluirse todas aquellas plazas de los centenares de facultativos especialistas que han reclamado ante la Justicia la fijeza de su plaza mediante la interposición de una demanda judicial. 

Por todo ello, desde ASAES creen que las convocatorias deben de suspenderse hasta que la Ley entre en vigor y los procedimientos judiciales interpuestos se resuelvan. 

La actual situación de convocatoria de oferta pública de empleo por parte de la Comunidad de Madrid obligaría a todos los facultativos especialistas afectados a pagar las tasas, darse de alta en una academía formativa, estudiar el temario, cuando en muchos casos (la gran mayoría), dichos facultativos perjudicados podrían acceder a dichas plazas sin necesidad de realizar ningún examen (de nuevo según la Ley para la reducción de la temporalidad, Ley Iceta). 

Desde ASAES consideran "completamente desproporcionado e injusto someter a tal incertidumbre a un personal que además de todo lo anterior se encuentra absolutamente agotado (tanto física como psicológicamente) por el extraordinario trabajo desarrollado ante la actual situación sufrida por la pandemia COVID, mientras en la mayoría de los casos esos mismos facultativos especialistas (médicos en su mayoría) se encuentran en situaciones de concatenación de contratos temporales desde hace más de 10 años". 

 

 

 

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