El Consejo General de Dentistas desmiente las recientes declaraciones del Consejo General de Protésicos que recientemente ha lanzado un comunicado en el que acusan a los dentistas "sin ningún motivo, tipo de prueba ni constatación- de falta de ética y profesionalidad, atentando así contra su honor".
En su escrito, los protésicos declaran que “se está observando un excesivo interés por parte de algunos profesionales en recuperar, demasiado rápido, la economía perdida durante el confinamiento, abusando de determinadas prácticas innecesarias en las clínicas dentales, anteponiendo los intereses económicos de algunos profesionales a la salud y economía de los pacientes”.
Por otro lado, aconsejan al paciente “que se le indique al dentista, desde un principio, que al protésico dental lo va a elegir el paciente, sin mediaciones o injerencias por parte del dentista” y añaden que “se exige, en cumplimiento de la Ley, que sean los laboratorios los encargados de la fabricación y venta al paciente de las prótesis dentales y no las clínicas evitando, de esta forma, que el futuro de la profesión protésico dental esté en manos de terceros y estos puedan enviar el trabajo a países con poca o ninguna garantía. Asimismo, también se evitaría la vulneración de la normativa sanitaria cuando se diseña y fabrica una prótesis dental en las clínicas dentales con el sistema CAD-CAM”.
Ante estas declaraciones "falsas y erróneas del Consejo General de Protésicos, con las que buscan su propio beneficio mientras pretenden hundir la imagen pública de 40.000 dentistas que existen en España", el Consejo General de Dentistas les recuerda lo siguiente:
1.- El Estado español regula la relación entre dentistas y protésicos a través de una necesaria colaboración o intervención del dentista para que el protésico pueda desempeñar su profesión con la perseguida finalidad de proteger la salud de los pacientes. Además, regula claramente las atribuciones profesionales de ambos en la Ley 10/1986 de 17 de marzo y en el Real Decreto 1594/1994 de 15 de julio.
2.- De acuerdo con la normativa sectorial en vigor, los protésicos dentales son fabricantes de productos sanitarios a medida sin atribución profesional alguna para tratar a los pacientes, en tal caso, incurrirían un delito de intrusismo profesional.
3.- Como los laboratorios de prótesis dentales no son Centros Sanitarios ni Establecimientos Sanitarios, no están facultados para dispensar, o como ellos mismos indican, “vender” las prótesis a los pacientes, lo que sería una ilegalidad.
4.- La adaptación de la prótesis por parte del dentista no implica un acto de dispensación, venta, distribución, ni suministro o puesta en mercado, sino que se trata de la “puesta en servicio” de un producto sanitario a medida, lo que es una atribución propia y exclusiva del dentista, como establece la DA duodécima del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, la Ley 10/1986 de 17 de marzo y en el Real Decreto 1594/1994 de 15 de julio. Y que el dentista desglosa en su factura el precio de los costes de fabricación de la prótesis dental, por lo que ningún perjuicio se le causa al paciente.
5.- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) avala la utilización de los sistemas CAD/CAM por los dentistas en sus clínicas dentales. El Comité Técnico de Inspección de la propia Agencia establece que “se considera que los odontólogos, dentro de sus actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento de anomalías y enfermedades de los dientes, de la boca, de los maxilares y tejidos anejos, pueden realizar una restauración directa en la cavidad dentaria mediante el sistema CAD-CAM”.
Con estas aclaraciones, el presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino, demuestra que las afirmaciones del Consejo General de Protésicos son falsas y contrarias a derecho, y asegura que “aunque ahora nuestra profesión gire en torno a la pandemia, no vamos a descuidar otros aspectos que puedan afectar a nuestro colectivo. Como siempre hemos hecho desde la Organización Colegial, seguiremos tomando todas las acciones legales oportunas contra cualquier persona, organización o actividad que vaya en contra de nuestra profesión, de los derechos y del honor de los 40.000 dentistas que trabajan en nuestro país”.
