El COEM celebra un debate electoral sobre odontología con los portavoces de la Asamblea de Madrid

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En la imagen (de izq. a dcha.), Marta Marbán de Frutos (Ciudadanos), Eduardo Raboso García-Baquero (PP), el Dr. Antonio Montero (Coem), José Manuel Freire Campo (PSOE) y Mónica García Gómez (Más Madrid). FOTO: DM
En la imagen (de izq. a dcha.), Marta Marbán de Frutos (Ciudadanos), Eduardo Raboso García-Baquero (PP), el Dr. Antonio Montero (COEM), José Manuel Freire Campo (PSOE) y Mónica García Gómez (Más Madrid). FOTO: DM

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM), con motivo de las Elecciones a la Asamblea de Madrid del próximo 26 de mayo, celebró el pasado 21 de mayo en su sede un foro-debate electoral en el que han participado los portavoces de los principales grupos políticos que se presentan a los comicios.

El objetivo del mismo, que la colegiación pudiera conocer de primera mano las propuestas en materia de Sanidad, y más concretamente, en el ámbito de la odontología, que estos partidos llevan en sus programas electorales, y poder debatir con ellos y mostrar sus inquietudes.

El debate se dividió en cuatro bloques: la mercantilización de la odontología, la plétora profesional, las inspecciones de clínicas dentales y el PADI

Los participantes fueron Eduardo Raboso García-Baquero, portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid (PP); José Manuel Freire Campo, portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid (PSOE); Marta Marbán de Frutos, portavoz adjunta de Sanidad en la Asamblea de Madrid (Ciudadanos); y Mónica García Gómez, portavoz de Salud (Más Madrid). El debate fue moderado por el presidente del COEM, el Dr. Antonio Montero, y estuvo divido en cuatro bloques temáticos, con un turno de preguntas abiertas al final a los asistentes.

La mercantilización de la odontología

Como explicó el Dr. Antonio Montero, hace unos cuatro años, comenzaron los escándalos de cierres de cadenas de clínicas dentales, dejando a pacientes con los tratamientos sin terminar, pero ya pagados, provocando un problema grave de salud pública cuyo máximo exponente fue el caso iDental. Hoy en día, la mayoría de estas clínicas están en manos de fondos de inversión que buscan el lucro por encima de la salud. Además, no se cumple la Ley de Sociedades Profesionales, lo que puede llevar a que se produzcan nuevos escándalos similares.

Para la portavoz de Más Madrid, “en el sector de la odontología ha aterrizado la especulación y se han aceptado por buenas estas prácticas”. Por su parte, Marta Marbán (Ciudadanos) afirmó que “es necesaria la creación de una Ley de Salud Pública para evitar que se produzcan estos casos de peligro para los ciudadanos. Hay que apoyar que haya más inspectores y establecer un trabajo coordinado con los colegios y los profesionales. La voz de alerta se había dado, pero por parte del Gobierno ha faltado una capacidad mayor de reacción”.

Al respecto, el portavoz socialista argumentó que “la situación ocurrida ha sido por falta de política, porque la salud dental no está incluida en los servicios de sanidad pública y no hay legislación al respecto. El PSOE ha propuesto la creación de un Plan de Salud Bucodental para la Comunidad de Madrid, uno de los puntos es la creación de una Unidad de Salud Bucodental cuyas funciones era asegurar calidad y buenas prácticas, gestionar quejas y reclamaciones, etc.”.

Por su parte, Eduardo Raboso (PP) aseguró que no era cierto que la Consejería no haya hecho nada y habló de la picaresca que aprovecha los resquicios de la ley para hacer cosas que no deberían hacerse.

La plétora profesional

El presidente del COEM explicó que la OMS recomienda 1 dentista por cada 3.500 habitantes, para el desarrollo adecuado del ejercicio profesional. En España hay 1 dentista por cada 700 habitante y solo el 48% de la población acude al dentista. Somos el país de Europa donde menos se acude al dentista. En el resto de países, la media está en el 60%. Actualmente hay 36.500 dentistas y 10.000 estudiantes de Odontología. Se prevé que en 2020 haya unos 40.000 dentistas. Una profesión saturada produce precariedad laboral, surgimiento de empresas en manos de personas sin escrúpulos que contratan por muy poco dinero a dentistas y al final, el que lo acaba pagando es el paciente. La precariedad produce un deterioro en la atención con un aumento en la mala praxis y el sobretratamiento.

Para Mónica García, “la base del problema es el surgimiento de las universidades privadas y una desregulación del modo en el que los profesionales salen al mercado”, además de que “en el ejercicio público hay una carencia de profesionales”, produciendo un desequilibrio con la parte privada.

La portavoz de Ciudadanos apuesta por controlar los mecanismos de plazas en las universidades, lograr un incremento del número de personas que van al dentista, aumentar los profesionales del ámbito público y establecer convenios entre lo público y lo privado para poder llegar a más población.

José Manuel Freire afirmó que “hay fábrica de profesionales vinculada a las universidades privadas. Hay mercado de explotación que no está regulado ni inspeccionado”.

Para el portavoz del PP la regulación debería venir a nivel estatal y planteó la posibilidad de implantar numerus clausus.

Inspección de clínicas dentales

Tras la publicación de la Orden 1158/2018, de 7 de noviembre de la Consejería de Sanidad de la CAM que regula, entre otros aspectos, los requisitos técnicos que deben cumplir las clínicas dentales para su autorización, se obliga a los profesionales que tienen consulta a hacer una serie de modificaciones estructurales para poder contar con la autorización para el desarrollo de la actividad. El problema de clínicas como iDental no era a nivel estructural, por lo que parece que esta medida afecta más al dentista tradicional que tiene su clínica.

Mónica García insistió al respecto que la clave es “un Gobierno que controle la salud de la población con políticas activas”. Para Marta Marbán, “mayor inspección de mala praxis, mayor comunicación en los medios públicos para informar a los ciudadanos de casos como iDental para evitar que más ciudadanos sigan cayendo, ser más rigurosos con la publicidad”.

“Se trata de una orden reactiva y punitiva, cuando en realidad hay que ser proactivos en estos casos. Se necesita voluntad política de regular bien y poner instrumentos para ello”, aseguró José Manuel Freire. Mientras que Eduardo Raboso puso la clave en que “la designación de determinados actos odontológicos como intervenciones quirúrgicas constituye un acto de elevación técnica o conceptual de la profesión odontológica, lo que lleva a que el dentista deba hacer adaptaciones en sus clínicas que es muchas situaciones se asemeja a un quirófano”, y explicó que la mayor parte de estar órdenes derivan de legislación europea.

PADI

Hace ya dos años que se firmó el Convenio de Atención Bucodental Infantil con la Consejería de Sanidad y está siendo todo un éxito. 834 profesionales que han realizado cerca de 62.000 tratamientos y prácticamente sin ninguna queja de pacientes acerca de los mismos. Este Convenio, coordinado por el COEM, está funcionando de una forma muy adecuada. A raíz de la ley propuesta por el PSOE, que ha contado con el visto bueno de la mayoría de los grupos políticos, la atención dental infantil va a ser diferente a partir de enero de 2020. Cada niño tendrá su dentista de cabecera, que será público o privado, y éste se encargará de todo el tratamiento del menor. El dentista recibe una cápita o asignación anual independientemente de los tratamientos que se realicen al niño. Esto ha generado polémica porque la duda es si va a funcionar el nuevo sistema y si al dentista le va a compensar, ya que el número de tratamientos, necesidades y patologías del menor dependerán de las diferentes zonas geográficas dentro de la Comunidad de Madrid.

La portavoz de Más Madrid explicó que se habían abstenido en la votación porque ellos defendían que solo el sector público debía gestionar este tipo de convenios.

Ciudadanos, por su parte, sí apoyó la nueva propuesta del PADI, mientras que el portavoz del PSOE destaco el carácter universal de esta medida y explicó que “durante el tiempo que fuera necesario se mantendría el sistema actual y en paralelo se iría ampliando en distintas cohortes a partir del 1 de enero de 2020. Los niños que cumplan 7 años en 2020 entrarían en la primera cohorte, y de ahí cada año van entrando los niños que van cumpliendo los 7. Se prevé entonces que dentro de 10 años se cubra a toda la población”.

El portavoz de Sanidad del PP insistió en que la clave es este nuevo PADI será la cápita, que deberá ser ajustada “una muy baja puede no interesar al odontólogo privado, pero una muy alta podría amenazar al odontólogo que no quiera incorporarse al programa PADI”,

El foro-debate completo está disponible en el canal de Youtube del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región.

 

 

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