El COEM reclama la creación de una oficina pública de atención integral a los afectados de iDental

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“Nos encontramos ante uno de los mayores escándalos sanitarios de las últimas décadas en nuestro país y es urgente que las administraciones sanitarias y económicas actúen”. Así ha comenzado su intervención el Dr. Antonio Montero, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM), en una rueda de prensa, celebrada esta semana y cuyo principal objetivo ha sido “alertar a las autoridades políticas, instituciones y a la sociedad general del grave problema de salud pública generado por el caso iDental”.

Dr. Antonio Montero, presidente del COEM, Pilar Lobato Lucía Oncala y Emília Díaz de la Plataforma de Afectados por iDental Oficial.

En dicha rueda de prensa, junto a pacientes representantes de la Plataforma de Afectados de iDental, el Dr. Montero ha reclamado la creación de una oficina pública de atención a los afectados, ya que “solo a través de una entidad desde la que se canalicen todas las actuaciones y atención a los pacientes, se podrá evaluar la verdadera dimensión del problema y, con ello, actuar en consecuencia y dar una solución a los miles de afectados”.

Para Montero, se trata de las "víctimas de un modelo de negocio que desde el COEM venimos denunciando desde hace años. Hoy en día todas estas cadenas de clínicas están en manos de fondos de inversión que tienen como único objetivo obtener beneficios económicos".

"El problema es que el intentar ahorrarse el dinero en salud tiene consecuencias nefastas y en ocasiones irremediables, porque a lo mejor el desastre es de tal magnitud que ya no se le puede dar una solución viable al paciente", añade el presidente del COEM.

En el caso de iDental también se han observado indicios de mala praxis, pero como explica Montero, "en este país sucede que no hay nadie que controle la praxis en las clínicas. Por eso, desde el Colegio de Madrid hemos ofertado el crear un cuerpo de inspectores que financiaría el propio COEM y que se encargaría de revisar la praxis que se hace en las clínicas".

Tal y como explica Montero, "la situación de los pacientes es y ha sido dramática, ya que tienen que enfrentarse a innumerables obstáculos y se ven obligados a peregrinar de un lado a otro solicitando información y orientación sobre cómo actuar. De ahí la necesidad de una oficina, coordinada desde la Administración, que ofrezca una “atención integral a los afectados”.

En este sentido, Lucía Oncala, afectada y portavoz de la Plataforma de Afectados de iDental, ha querido añadir que a muchos de los afectados se nos ha remitido, desde las entidades que han financiado los tratamientos, a otras cadena de clínicas dentales como Dentix, pero sin sacar nada en claro: "La mayoría de los afectados que han ido a informarse a Dentix no han conseguido que les den por escrito lo que les quieren hacer. Esta es nuestra lucha desde la plataforma de afectados, que pregunten y todo por escrito, porque después de lo que hemos pasado en iDental ya no nos fiamos de nadie".

Historias clínicas, sin protección
Dos son los temas prioritarios que —en opinión del COEM— esta oficina tendría que solventar de manera urgente. El primero, la localización, custodia y entrega de las historias clínicas de los pacientes, que a día de hoy siguen bajo la custodia de iDental y, por tanto, ilocalizables. "Tras nuestra denuncia, el juez ha llevado a cabo una inspección y ha visto que efectivamente no había ningún tipo de custodia de las historias clínicas -explica el Dr. Montero-. Es más, descubrió que parte de las historias clínicas estaban en la clínica de Rivas pero que otra parte importante estaba en un local que tenía la empresa alquilado y que llevaba meses sin pagar; en resumen, sin ningún tipo de protección. Ante esta situación, el juez ha instado a la Consejería de Sanidad que se haga cargo de las historias clínicas. El problema es que a la clínica de Rivas han ido llegando las historias clínicas de muchos centros que han cerrado y están en cajas desperdigadas, sin ningún tipo de orden o de organización. La consejería de sanidad se va a hacer cargo de ellas y nos ha pedido colaboración para organizar el tema...Ahora mismo, lo único que podemos decir es que gracias al Colegio de Odontólogos de Madrid, porque ningún otro organismo, ni siquiera de la Administración, las historias clínicas de los afectado no se han destruido, porque encima teníamos sospechas de que había una empresa especializada en la destrucción de documentos que estaba destruyendo historias".

El segundo tema que esta oficina tendría que solventar es la suspensión del pago de los préstamos otorgados a los pacientes, que tienen que seguir aportando las cuotas mensuales de un crédito concedido para un tratamiento que, en muchos casos, no ha concluido.

Durante este encuentro, el presidente del COEM ha recordado que, desde hace ya cierto tiempo, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región viene alertando de la actuación de estas clínicas que, bajo el falso lema de “dentistas con corazón”, se aprovechaban de la situación económica de un amplio sector de la población, al que captaba a través de publicidad engañosa, con ofertas espectaculares, falsas subvenciones y ayudas, todo revestido de supuesto carácter social.

“Una vez en la clínica, y tras una mínima revisión por un odontólogo, el paciente era atendido básicamente por un comercial —no profesional sanitario— que comunicaba el diagnóstico e inducía a firmar en el acto un presupuesto, si el paciente quería beneficiarse de la supuesta ayuda económica y la financiación adjunta, firmando el contrato de crédito en la propia clínica en el mismo acto”, ha subrayado el Dr. Montero.

Sin embargo, lo realmente peligroso de estas clínicas han sido las prácticas que allí se realizaban para mantener unos márgenes elevados de facturación: la prescripción de sobre-tratamientos, la utilización de materiales provisionales que se han hecho pasar como definitivos para el paciente, la extracción de piezas dentales sanas, la falta de condiciones higiénico-sanitarias y conductas que podrían considerarse como lesiones, entre otras.

“Se trata de acciones muy graves que suponen un riesgo enorme para la salud. Nos hemos encontrado con pacientes que han llegado al COEM con lesiones importantes, fruto de intervenciones quirúrgicas para la colocación de implantes u otros que acudían a nuestras consultas con infecciones graves y tratamientos no finalizados o ni siquiera iniciados”, ha afirmado el presidente del COEM.

A través de las quejas que, a diario, han ido llegando al Colegio por parte de pacientes y colegiados —entre 2017 y 2018 se han registrado cerca de 300— se han ido obteniendo las pruebas necesarias para denunciar a estas clínicas.

Origen del problema, la publicidad engañosa
En lo que respecta al núcleo del escándalo iDental, el COEM tiene claro de que este se encuentra en la publicidad engañosa que utilizan algunas “clínicas marquistas”, para captar a los pacientes.

“Buscan atraer a pacientes con descuentos, ofertas y regalos. En ocasiones, ofrecen prestaciones gratuitas de fases de tratamiento que jamás se han cobrado en una clínica tradicional, como quitar los puntos de una cirugía o ajustar una prótesis. Se promocionan con precios irreales, tanto en anuncios televisivos como en carteles publicitarios en las clínicas. Además, el precio que suele aparecer en los anuncios no es el correspondiente al del tratamiento completo, sino solo a una parte del mismo”, explica el Dr. Montero.

En materia de publicidad sanitaria, "la legislación más laxa es la española. Hoy, por ejemplo, en países como Francia en los que un dentista solo puede publicitar lo que hace, con su número de colegiado, pero no puede revelar precios, ni anunciarse en televisión, ni hacer ofertas...Todo esto es totalmente ilegal. En España, todo lo contrario, puedes ver hasta futbolistas presentando el 'Método X' de una cadena dental".

Para concluir, el presidente del COEM ha hecho hincapié en la defensa del trabajo de la inmensa mayoría de los dentistas españoles, cuya imagen “se ha visto deteriorada por aquellos que se han empeñado en mercantilizar la odontología y que han querido convertir una vocación y un servicio sanitario al paciente en un negocio”.

El problema es que, a pesar de la gravedad de la situación, "desde los Colegios no podemos aconsejar a los pacientes ante posibles malas praxis porque hay una Comisión Nacional de Mercados y Competencia que nos tiene enfilados a los Colegios y que cuando ponemos nombre y apellido a estas clínicas nos denuncian y nos meten unas sanciones millonarias", concluye.

 

 

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