La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM), en su labor de perseguir el intrusismo en la profesión odontológica, ha acordado el inicio de expedientes sancionadores contra dos colegiadas que cooperaban, a través de diversas conductas, con personas investigadas por haber cometido presuntamente delitos de intrusismo en Madrid.
Una de las odontólogas colegiadas en el COEM se había prestado a ser responsable sanitario para la legalización de una clínica clandestina ubicada en el barrio de Hortaleza, en la que había realizado actividades de intrusismo un sujeto que ya había sido condenado por dicha actividad, tras la acusación del COEM. Una vez obtenida la autorización sanitaria, esta persona siguió presuntamente realizando conductas delictivas de intrusismo, al amparo de la actuación de la colegiada expedientada como responsable, que no realizó las funciones exigibles de control sanitario de la clínica, ni cumplió con la obligación de denunciar las conductas cometidas en el centro sanitario, que estaba bajo su responsabilidad.
El otro caso que está siendo investigado se llevó a cabo en un local que no contaba con autorización sanitaria, y en el que la persona responsable realizaba, presuntamente, actuaciones propias del odontólogo/estomatólogo sin contar con el título habilitante para ello, bajo la presunta supervisión y autorización del titular del establecimiento. Ambos están siendo investigados por la comisión de intrusismo por un Juzgado de Instrucción de Madrid, proceso penal en el que el COEM se ha personado como acusación particular. En este caso, la odontóloga estaba prestando sus servicios como tal en dicho establecimiento y, presuntamente, tenía conocimiento tanto de la ausencia de autorización sanitaria, que permitiese al establecimiento prestar asistencia sanitaria como clínica dental, como de la actuación de los dos presuntos intrusos.
Ambas odontólogas se enfrentan a una posible sanción por la comisión de infracción muy grave que podría llevar aparejada su suspensión del ejercicio profesional por un plazo de seis meses a dos años.
