La Audiencia Nacional autoriza la compra de Vitaldent por parte de JB Capital Markets, gestora de Javier Botín

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha autorizado la venta del Grupo Vitaldent en España e Italia a la empresa JB Capital Markets SV SAU por 18,5 millones de euros (15,5 por la parte española y 3 por la italiana), medida con la que se han mostrado de acuerdo todos los afectados, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, según se ha puesto de manifiesto en un auto.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 admite la solicitud de la empresa compradora para hacerse con el negocio, y asegura que en este caso debe primar el principio de conservación del negocio frente a propuestas como la del concurso, pues la "viabilidad del negocio garantiza los puestos de trabajo", así como que ello no tiene coste para las arcas públicas "gracias a la propuesta de inversión privada, al préstamo que desparece con la venta, a la condonación y quita que de otra forma no se daría".

Con esta operación, el nuevo accionista de referencia será el presidente de JB Capital Markets, Javier Botín (hermano de Ana Patricia Botín, presidenta de Santander), que controlará el 70% de la compañía, valorada en 350 millones de euros. El resto del accionariado estará compuesto por la firma de gestión de activos Intermediate Capital Group (ICG), con un 25%, mientras que el 5% restante quedará en manos de otros accionistas minoritarios, entre los que se encuentran franquiciados. Los nuevos accionistas inyectarán 40 millones de euros en el capital del grupo.

En el escrito presentado por la empresa JB Capital Markets SV para la adquisición del Grupo Vitaldent en España e Italia se hace referencia a la compra de la totalidad de sus activos (excepto las sociedades inactivas), la asunción de los pasivos (excepto a aquellos relacionados con eventuales responsabilidades penales o civiles derivadas de delito) y la subrogación en la posición de empleador respecto de la totalidad de los trabajadores en ambos países, así como en las relaciones contractuales que consientan la cesión de sus contratos (franquiciados, arrendadores y proveedores) en los términos que se detallan en el contrato de compraventa. En cuanto a posibles deudas ocultas, la responsabilidad será de los antiguos propietarios del grupo.

De esta forma se pone solución a un problema que resta esfuerzos a la investigación penal de posibles graves delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal que se inició el pasado mes de febrero y que estaba encabezada por el dueño de la franquicia, Ernesto Colman. Éste intentó deshacerse del grupo antes de que se destapase el caso, llegando a pedir más de 300 millones de euros por la empresa. Colman, presuntamente, exigía a sus franquiciados que le pagasen grandes cantidades en metálico que posteriormente sacaba fuera de España o las reinvertía en otros bienes.