El Consejo General de Dentistas exige al Gobierno y a las CCAA una mayor protección de los pacientes odontológicos

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El Consejo General de Dentistas de España solicita al Gobierno Central y a las Comunidades Autónomas una mayor protección de los pacientes odontológicos para que sus derechos prevalezcan y minimizar los perjuicios ocasionados si se produce la quiebra de clínicas dentales, como desgraciadamente ha sucedido con el caso Funnydent.

El presidente del Consejo General, Óscar Castro.
El presidente del Consejo General, Óscar Castro.

Para ello, el máximo responsable de la Organización colegial, el dr. Óscar Castro considera absolutamente necesario proceder a regular la publicidad sanitaria y modificar la normativa vigente para que los titulares de las clínicas dentales sean profesionales del sector odontológico. Asimismo, reclama que, en el caso de cesar la prestación en un tratamiento financiado, se interrumpa el pago de las cuotas de inmediato y se condonen los créditos suscritos.

“El Gobierno Central y las Comunidades Autónomas, que son quienes tienen las competencias, deberían ser conscientes de que esta situación puede volver a repetirse en el futuro, y por eso reclamamos una serie de medidas concretas para proteger a los pacientes”, asegura el presidente del Consejo General, quien defiende que, en el caso de cesar la prestación en un tratamiento previamente financiado, se pueda interrumpir el pago de las cuotas de manera inmediata y condonarse el crédito suscrito. “Esto por lógica debería ser así y el Gobierno tiene que actuar cuanto antes”, ha asegurado.

Además, el máximo responsable de la Organización Colegial considera “absolutamente necesario” llevar a cabo una regulación de la publicidad sanitaria, “para que los distintos colegios profesionales sanitarios revisen este tipo de publicidades y así los ciudadanos tengan la certeza de que los anuncios sanitarios cumplen con unos mínimos requisitos de ética y veracidad”, ha precisado.

Asimismo, Óscar Castro ha reivindicado el cumplimiento del artículo 4.2 de la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, según el cual, como mínimo, “la mayoría del capital y de los derechos de voto, o la mayoría del patrimonio social y del número de socios en las sociedades no capitalistas, habrán de pertenecer a socios profesionales”, para vincular la prestación del servicio al conocimiento profesional.

Del mismo modo, ha pedido un mayor número de inspecciones de trabajo para para proteger a los propios profesionales y evitar relaciones laborales irregulares; e impedir que las historias clínicas de los pacientes estén en manos de personal no facultativo.

“Llevamos mucho tiempo reclamando acciones concretas para evitar este tipo de situaciones, y no nos cabe ninguna duda de que, si no se actúa con contundencia, casos como el de Funnydent van a repetirse en el futuro”, ha concluido.

 

 

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